La última sesión de la Cámara Alta dejó al descubierto las crecientes complejidades que enfrenta el oficialismo para mantener la cohesión interna y negociar con la oposición. Lo que debió ser un trámite institucional para la designación de magistrados federales se transformó en un escenario de confrontación política, errores de cálculo estratégico y una evidente falta de sintonía entre las directivas de la Casa Rosada y sus representantes en el Senado. El resultado no solo fortaleció la agenda de la oposición, sino que expuso grietas profundas en el corazón del bloque oficialista.
El punto de mayor tensión de la jornada giró en torno a la postulación de María Verónica Michelli para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata. El pliego venía precedido por una orden explícita del presidente Javier Milei, quien había solicitado retirar su nominación debido al parentesco de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon. Sin embargo, la estrategia del Poder Ejecutivo naufragó ante la resistencia del arco opositor y la fragmentación del propio oficialismo.
La postulación de Michelli fue aprobada sobre tablas por una holgada mayoría de 44 votos a favor y 18 en contra. Las fisuras en la bancada oficialista quedaron en evidencia durante la votación. Primero, por el voto a favor del senador formoseño Francisco Paoltroni, que rompió filas con el bloque y respaldó la designación.
Luego, Patricia Bullrich, la jefa de la bancada, optó por abstenerse tras haber manifestado previamente su “objeción de conciencia” frente a la orden presidencial de retirar el pliego. El último golpe llegó de la mano de Luis Juez, que decidió retirarse del recinto para evitar convalidar la votación, dejando al descubierto la incomodidad que generaba el mandato de la Casa Rosada.
Con este resultado, la postergada designación queda ahora bajo la exclusiva responsabilidad del jefe de Estado, quien deberá determinar si refrenda el decreto presidencial para otorgarle estabilidad en el Poder Judicial, tal como lo dictamina la Constitución Nacional.
Las internas de LLA bajo la lupa
La incorporación del pliego de Michelli en el temario final fue la consecuencia de una desprolijidad reglamentaria que encendió las alarmas en el recinto. Horas antes del inicio de la sesión, la conducción del bloque libertario, encabezada por Bullrich, intentó modificar de manera unilateral el acuerdo político alcanzado previamente en la reunión de Labor Parlamentaria.
Lilia Lemoine cruzó a Victoria Villarruel por los pliegos judiciales y la acusó de tener “cara de piedra”Originalmente, se había consensuado tratar 50 de los 73 pliegos judiciales disponibles. No obstante, minutos antes de abrir el debate, el oficialismo notificó que pretendía someter a votación la totalidad de los despachos. La maniobra provocó una airada reacción del interbloque kirchnerista, que elevó acusaciones de “traición legislativa” y tildó de “tramposos” a los integrantes de la bancada oficialista.
Ante el inminente desborde del debate, se debió recurrir a un cuarto intermedio de casi una hora para reordenar la sesión. Desde el estrado, la jefa del bloque intentó justificar la desorganización argumentando presiones internas de los postulantes: “No hay ninguna mala fe, simplemente no es fácil elegir quiénes son los 50 (pliegos) porque los demás sienten que hay una discriminación”.
Sin embargo, fuentes parlamentarias señalaron que la verdadera razón del repentino cambio de postura radicaba en una exigencia directa del Ejecutivo para asegurar la inclusión de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la nómina de pliegos a tratar.
A este panorama se sumó la tensión en la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto. El legislador, alineado políticamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había mantenido retenido el dictamen de Michelli por pedido expreso de la Casa Rosada. Esta parálisis forzada obligó a la oposición a presionar para que el tratamiento se realizara sobre tablas, logrando los consensos necesarios para imponer su voluntad por encima de la estrategia gubernamental.
El rol de Villarruel en el momento más crítico de la sesión
Tras reanudarse la sesión, el panorama se tornó aún más adverso para el oficialismo. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien se había ausentado al comienzo de la jornada por razones de salud, asumió la conducción del debate en el momento más crítico. Su intervención fue determinante para zanjar la disputa entre las bancadas.
El jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, había interpelado duramente a la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martínez, exigiéndole que confirmara que el acuerdo inicial contemplaba únicamente 50 nombramientos. En ese instante, Villarruel intervino para respaldar técnicamente a la funcionaria y convalidar la postura de la oposición, desautorizando el relato del bloque oficialista. La vicepresidenta detalló con precisión los pormenores de la reunión previa: “En efecto, se dijeron 50 pliegos, a media hora de la sesión se empezaran a agregar algunos y cuando comienza la sesión eran 73 pliegos, a excepción de Michelli”.
Asimismo, la titular del Senado buscó preservar la neutralidad institucional del cuerpo legislativo al añadir de forma categórica: “En esto no tuvo intervención ni la Presidencia ni la secretaria Parlamentaria”.
Finalmente, el paquete mayoritario de 71 nombramientos judiciales obtuvo luz verde por unanimidad con 64 votos. Solo dos pliegos debieron tratarse de forma diferenciada ante el rechazo explícito del kirchnerismo: María Julia Sosa (aprobada por 42 a 22) y Emilio Rosatti, quien garantizó su designación con 44 votos a favor y 20 en contra, gracias al respaldo de los senadores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.
A pesar del duro revés en el plano político y judicial, la jornada legislativa arrojó un saldo favorable en materia económica para la administración de Javier Milei. La Cámara Alta brindó media sanción al proyecto de acuerdo de pago destinado a los fondos Bainbridge Fund y Attestor por un monto global de 171 millones de dólares. Con esta aprobación, se encamina el cierre definitivo del litigio con los últimos tenedores de bonos caídos en default desde la crisis del año 2001, quedando el proyecto a la espera de su sanción definitiva en la Cámara de Diputados.
De igual modo, el cuerpo legislativo dio curso a dos iniciativas de infraestructura judicial que pasaron a la Cámara Baja: la creación de una nueva sala integrada por tres magistrados en la Cámara Federal de Mar del Plata y la reestructuración operativa de la Cámara Federal de San Miguel de Tucumán.
En contrapartida, las urgencias políticas obligaron al oficialismo a retirar del temario el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. La férrea resistencia de la denominada oposición dialoguista, que condicionó su acompañamiento a la introducción de modificaciones estructurales en el texto, obligó a postergar su debate, cerrando una jornada de profundos contrastes para el oficialismo.